La Judicatura examina “todos los casos de prelibertad” tramitados por jueces

El presidente del Consejo de la Judicatura, Marcelo Merlo (dedo alzado), expone ante la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional del Ecuador.

La Judicatura ecuatoriana realiza una “auditoría integral a todos los casos de prelibertad” tramitados por algunos juzgadores, según reveló el presidente de ese organismo estatal, Marcelo Merlo Jaramillo, durante una reciente comparecencia en la Asamblea Nacional, en Quito.

Merlo concurrió a la “Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral” de la Función Legislativa, para explicar algunos detalles del proceso judicial en contra del militar en servicio pasivo, Telmo Castro, quien fue sentenciado por narcotráfico. Durante su exposición, el miércoles 19 de diciembre del 2018, además de los comisionados legislativos, estuvieron presentes el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, y la cúpula militar.

El presidente de la Judicatura explicó que, debido a las presuntas irregularidades detectadas en la orden de prelibertad a favor del exmilitar Castro, ordenó que se analicen todos los procesos de este tipo que existan en el país.

“Dispuse una auditoría integral a todos los casos de prelibertad, para saber de qué tema se trata, quién es el juez, cómo actuaron en todas las instancias; porque solo ahí conoceremos la verdad”, razonó Merlo.

También se mostró preocupado debido a que, en el caso del exmilitar, los certificados e informes solicitados por una jueza de Guayaquil fueron otorgados en un tiempo récord de 48 horas. Pero estos trámites, según Merlo, normalmente demoran unos cuatro meses.

Castro fue sentenciado en 2013 a 13 años de prisión, sin embargo desde agosto de 2018 goza de prelibertad. El 8 de diciembre del presente año el exmilitar se presentó ante el juez, pero no concurrió a la casa de justicia, en el centro de rehabilitación de Guayaquil. Esto debió haber sido reportado por la directora del centro a la jueza que le otorgó el beneficio de la prelibertad. 

Merlo explicó que “el CJ espera que, una vez que se posesione la nueva Corte Constitucional, se pronuncie sobre la consulta que está pendiente sobre la creación de un tribunal especial que juzgue los delitos de narcotráfico, lavado de activos y otras infracciones de este tipo”. En esta nueva dependencia se conocerían los casos que se presenten en las zonas fronterizas del país.

Por su parte, los asambleístas exhortaron a las autoridades públicas presentes a trabajar en conjunto para terminar con la presencia del narcotráfico en el país.

FUENTE: Consejo de la Judicatura (Quito), mediante
boletín informativo y foto con firma de su Dirección Nacional de Comunicación.
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