Clave para desencadenar la economía ecuatoriana

Por José Risco Intriago*

Hay un punto clave de la economía ecuatoriana en el que deben poner su mirada y sus respectivos esfuerzos la Asamblea Nacional, el Gobierno y los líderes sindicales y empresariales.

Por lo que hemos leído y escuchado en diferentes medios de comunicación masiva, tanto el Gobierno ecuatoriano, cuanto los organismos internacionales de crédito y diversos expertos individuales, coinciden al señalar que la economía de nuestro país atraviesa una situación muy difícil, imposible de revertirse a corto y mediano plazos. La crisis es atribuida a varios factores, entre ellos, particularmente, a la gestión gubernamental dispendiosa y corrupta de la última década, que para colmo maniató el desempeño de la iniciativa privada; y, la reducción drástica del precio internacional del petróleo, materia prima de cuya exportación el Estado ecuatoriano se había hecho dependiente.

De todo eso, sin embargo, el quid del problema -a nuestro entender- está justamente en la errónea decisión estatal de trabar el desarrollo de las iniciativas privadas, obstaculizándolas con leyes equivocadas que además no alcanzan lo que supuestamente persiguen. Ejemplos: elevar desproporcionadamente el impuesto al patrimonio que se hereda; gravar con exageración el capital bien habido que sale del Ecuador; imponer a las empresas el pago de onerosas indemnizaciones a los empleados que separan por encontrar en ellos negligencia, malicia, revuelta o irresponsabilidad manifiesta; clausurar durante periodos largos los negocios que inobservan alguna norma del SRI (Cuando un negocio cualquiera está cerrado, no genera ingresos y por tanto en ese tiempo no puede pagar a sus proveedores, colaboradores ni al Fisco); complicar la contratación de trabajadores para periodos cortos y eventuales; entre muchos más.

No hace falta ser sabio condecorado para darse cuenta de que, en el principio, la sociedad humana carecía de estados y gobiernos; que estos surgieron cuando los pueblos crecieron y se notó la necesidad de un órgano coordinador de la vida social, y gestor de las obras y servicios para beneficio común. De modo que desde siempre es el conjunto de cada sociedad el que crea sus propios bienes y servicios, que sumados constituyen la economía general. Al Estado moderno corresponde regularla y controlarla para evitar los excesos dañinos, pero no entorpecerla con reglas disfuncionales, de coerción y punición exacerbada.

Hay que destrabar las iniciativas privadas y alentar sobre todo a aquellas empresas orientadas a la exportación de bienes y servicios, porque alrededor de ellas surgen otras que las complementan. Las exportaciones aumentan la masa de dinero circulante dentro del país, y de este modo dinamizan el comercio interno y el sector de los servicios, incluyendo la industria de la construcción, ya que sin poder adquisitivo nadie puede comprar viviendas ni contribuir para las obras públicas a cargo del Estado. También merecen apoyo especial las empresas con capacidad para atender el consumo en todo el territorio nacional, porque -igual que las exportadoras- propician, por su tamaño, el surgimiento de otros negocios afines y complementarios. Es así como se fomenta la creación, sostenimiento y desarrollo de las medianas, pequeñas y micro empresas.

Pero para destrabar la economía ecuatoriana hay que empezar por reformar o derogar las leyes y reglamentos inconvenientes, tarea que exige a los legisladores despojarse de ideologías líricas y prejuicios sociales, adoptando más bien una actitud pragmática que libere al Ecuador de tantos obstáculos para producir bienes y servicios, y para comercializarlos. Obviamente, para conseguirlo, primero tienen que aunar criterios los gremios empresariales y los sindicatos de trabajadores, a quienes en conjunto corresponde plantear proyectos de ley, o de reformas o derogación de las ya existentes, contando para eso con el respaldo del Gobierno nacional. Es en este caso donde debe primar la cultura del diálogo hacia un entendimiento consensuado.

* Periodista, exdirector ejecutivo de la Cámara de Comercio de Manta, fundador y director de REVISTA DE MANABÍ.
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