Presidente de Judicatura observa que Corte Nacional debe ser evaluada

Frente a la legítima preocupación ciudadana por el proceso de selección de las nuevas autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ), su presidente Marcelo Merlo Jaramillo ratifica su voluntad de trabajar por el fortalecimiento de la Función Judicial, cuya prioridad es la protección de los derechos de los ecuatorianos, así como el cumplimiento del marco normativo vigente en el país.

En este contexto, Merlo recuerda que, con base en las disposiciones establecidas en la Constitución y en normativas como el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), el Consejo de la Judicatura impulsa el cumplimiento de la carrera judicial en todos sus niveles, incluyendo la Corte Nacional de Justicia cuyo rol es fundamental para la seguridad jurídica del país.

MERLO dice que el Consejo de la Judicatura ha reiterado su respeto a las normas constitucionales y a las disposiciones emitidas desde las diferentes instancias que trabajan por la consolidación de la democracia ecuatoriana, entre ellas, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de transición.

De acuerdo con lo dispuesto por el CPCCS, el 19 de septiembre del 2018, el Consejo de la Judicatura actual suspendió la evaluación de los integrantes de la Corte Nacional de Justicia, proceso que debía realizarse con base en el desempeño de cada uno de los jueces nacionales, el contenido de sus sentencias y otros parámetros técnicos y jurídicos.

Sin embargo -observa Merlo-, es necesario recordar que, desatendiendo los mandatos constitucionales, desde el año 2014 la Corte Nacional de Justicia no ha sido objeto de un proceso de evaluación. Esto, pese a que el artículo 181, numeral 3 de la Constitución, determina que serán funciones del Consejo de la Judicatura dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial, así como su evaluación, ascensos y sanción.

Asimismo -sigue Merlo-, se ha incumplido lo dispuesto por el artículo 264, numeral 1 del COFJ, que señala que al pleno de la Judicatura le corresponde: nombrar y evaluar a los jueces y a los conjueces de la Corte Nacional de Justicia.

De la misma forma, la disposición transitoria décimo primera del COFJ establece que, para efectos de la renovación por tercios de la Corte Nacional, los jueces y conjueces de ese alto tribunal serán sometidos a evaluación continua por parte del pleno del Consejo de la Judicatura, para lo cual se tomarán en cuenta los parámetros generales aplicables a jueces; y, en especial, se considerará la calidad y excelencia de sus fallos, en lo concerniente a la elaboración de doctrina jurisprudencial.

Ningún estamento del Estado es inmune a la evaluación, señaló el doctor Marcelo Merlo, quien confía en que, durante los próximos meses, los integrantes de la Corte Nacional rindan cuentas de su trabajo a la ciudadanía, tal como lo hacen todas las instituciones del Estado.

Mientras esto ocurre, afirma su presidente, el Consejo de la Judicatura continúa cumpliendo con su labor de proporcionar las condiciones necesarias para que todos los administradores y operadores de justicia desarrollen su trabajo de manera adecuada, en un marco de eficiencia, celeridad y oportunidad.

Según Merlo, la formación continua, y la capacitación profesional de jueces, fiscales, defensores públicos, notarios, abogados en libre ejercicio y de instituciones públicas, etc., es otra de las políticas que el Consejo de la Judicatura desarrolla de forma articulada, con el propósito de impulsar la carrera judicial jurisdiccional en todos sus estamentos. 

FUENTE: Consejo de la Judicatura (Quito), mediante boletín informativo con firma de su Dirección Nacional de Comunicación.
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