Es cuestión de sentido común: todo producto alimenticio tiene que ser tratado con sumo esmero, en condiciones apropiadas de salubridad; no puede administrarse a nadie un alimento que no sea saludable. Pero ciertos productores olvidan o ignoran esto tan sencillo y elemental, incurriendo en faltas que la autoridad competente debe sancionar y obligar a corregir.
Lo prueba la reciente clausura de dos pequeñas plantas procesadoras de lácteos, una ubicada en el Cantón Flavio Alfaro, y la otra en el Cantón Sucre, cuya cabecera es Bahía de Caráquez. Alrededor y dentro de ellas, la estatal ARCSA (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria) encontró irregularidades sanitarias en las instalaciones, en los equipos técnicos y en el personal; incorrecto almacenamiento del producto final e inconsistencias en el etiquetado.
Mientras tanto, en nuestra misma provincia de Manabí, otras dos plantas similares se encuentran en procesos sancionatorios, también por irregularidades sanitarias.
Semejante situación es incompatible con la buena conducta ciudadana -en cualquier tiempo, lugar y circunstancia- y no es conveniente que se repita. Con solo un poquito de buena fe, responsabilidad, esmero y deseo de superación de los productores alimenticios, casos como los descritos ya no volverían a suceder. Después de todo, una mala reputación acaba llevando al traste cualquier emprendimiento.