Investigan supuestas “discapacidades” de funcionarios judiciales

El Consejo de la Judicatura (CJ) de Ecuador dispuso iniciar una investigación rigurosa, que sirva para iniciar acciones en el ámbito disciplinario u otras materias, sobre los hechos de conocimiento público relacionados a la presunta obtención irregular de carnés de discapacidad por parte de servidores judiciales. Esta disposición fue tomada por el pleno del organismo, el día viernes 03 de julio del 2020.

Esta reacción de la Judicatura se da después de hacerse público que numerosos ecuatorianos han obtenido fraudulentamente un carné de discapacidad, para beneficiarse de las excepciones legales que -por su diferente condición física, orgánica o mental- merecen las personas con algún grado de deficiencia. Entre los supuestos defraudadores hay asambleístas de la República y funcionarios públicos de diferente nivel jerárquico.

La investigación dispuesta por la Judicatura se realizará en el marco de su primer eje de acción: “Lucha contra la corrupción”, y se ampliará a todos los servidores de la Función Judicial, que incluye Fiscalía General del Estado y Defensoría Pública.

Este trabajo se lo realizará de manera articulada con el Ministerio de Salud Pública, con el fin de verificar si la información y documentación presentadas por servidores judiciales, para certificar su condición de discapacidad, fue obtenida de acuerdo a lo que establecen las disposiciones y requerimientos legales vigentes.

Con esta información y conforme a lo que establece el artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial, se investigará si el ingreso y permanencia de los mencionados servidores se ajusta al marco normativo que rige en el país.

Adicionalmente, se oficiará al Servicio Nacional de Aduanas para que remita los datos de los servidores judiciales que, en uso de sus carnés de discapacidad, realizaron importaciones en los últimos años.

La presente investigación se desarrollará con base en las atribuciones contempladas en la Constitución de la República, que determina al CJ como órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.

De encontrarse irregularidades, los resultados de la investigación serán remitidos a la Fiscalía y a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, para que se inicien las acciones penales y administrativas correspondientes.

El CJ anunció que no tolerará ningún acto de corrupción de los servidores judiciales, y que en marco de sus competencias continuará construyendo un servicio de justicia para la paz social.

FUENTE: Consejo de la Judicatura del Ecuador (Quito), mediante boletín con firma de su Dirección Nacional de Comunicación.