El fino nexo entre la corrupción judicial y la inseguridad ciudadana

El gobernador de la provincia de Manabí, Tito Nilton Mendoza, quien ha denunciado la corrupción judicial./ FOTO remitida por David Ramírez

David Ramírez*

El gobernador de Manabí, Tito Nilton Mendoza, calificó como “un hecho muy vergonzoso” el que autoridades judiciales -a las que no identificó- hayan dejado en libertad a miembros de una peligrosa banda delincuencial, “a quienes se les otorgó medidas sustitutivas sin ningún sustento legal”.

La denuncia que hizo el gobernador el viernes, junto a los jefes de Policía de Manabí, tuvo la inmediata reacción del director provincial del Consejo de la Judicatura (CJ) de Manabí, José Verdi Cevallos, que presidió el sábado una reunión interinstitucional de Justicia y Seguridad, “con la finalidad de receptar y analizar quejas presentadas contra servidores judiciales”.

Así mismo, este lunes, Frank K. Roldán Pinargote, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Judiciales del Ecuador (FENAJE), emitió un manifiesto público en el que rechaza la denuncia del gobernador, por cuanto se trata de una “injerencia indirecta generalizada en la Función Judicial” y reclama que en el marco de la “separación de poderes” consagrados en la Constitución, se respete la “independencia del Poder Judicial”.

Como se puede advertir, se plantean dos formas de abordar la grave denuncia del gobernador y la Policía. La primera, como corresponde, mediante una reunión urgente entre las partes para analizar las quejas; y, la segunda, a la defensiva, esgrimiendo que hay “injerencia”.

En sí, el problema es uno solo. Es público y notorio que la administración de justicia está viciada de corrupción en el país y en el caso de Manabí alguien tiene que ponerle freno.

El gobernador y los jefes policiales de Manabí, reunidos con periodistas para denunciar actos indebidos de ciertos funcionarios judiciales que operan en la provincia./ AUDIOVÍDEO remitido por David Ramírez

La inseguridad ciudadana es rampante a causa de la delincuencia que se ha tomado las calles. Mientras tanto, los jueces liberan a los antisociales; las juezas fallan en contra de las mujeres agredidas y enjuician a las víctimas; en la cárcel no cuentan las autoridades, gobiernan los presos; las medidas sustitutivas se han convertido en la mejor herramienta para desarmar o desvirtuar el espíritu de la ley. Hoy, hay más policías resguardando los consabidos “arrestos domiciliarios”, que controlando la seguridad pública.

Puntualizar este caos no es injerencia. La independencia de la Función Judicial no puede ser utilizada para escudar la ilegalidad de los procedimientos e interpretada para fomentar la impunidad. Ahora, si el gobernador realmente quiso sentar un precedente en la lucha contra la corrupción, debió revelar los nombres de los jueces o fiscales involucrados en su denuncia.

Mendoza dijo que las “autoridades judiciales tiran abajo investigaciones que muchas veces toman tiempo de esfuerzo y sacrificio de nuestros policías” e instó a que “empiece a trabajar” la Dirección de la Judicatura de Manabí, ejerciendo el correspondiente control disciplinario a los funcionarios judiciales implicados. ¿Por qué no los identificó, señor gobernador?

“A partir de hoy vamos a repudiar públicamente a través de denuncias a quienes estén otorgando medidas sustitutivas a individuos que están delinquiendo y que tienen antecedentes penales”, advirtió Mendoza.

El gobernador fue enfático en señalar que la ciudadanía debe saber que empezará a “cortar de raíz” estos hechos que enmarañan y que, por supuesto, no están siendo coherentes con la investigación y, en consecuencia, hacen fracasar el trabajo policial.  

Mendoza llamó a la autoridad judicial pertinente a “empezar a corregir”. Si alguien tiene que fallar, “no vamos a ser nosotros”, dijo, refiriéndose a la Gobernación y a la Policía.

El ejecutivo provincial detalló que mediante una exhaustiva investigación se aprehendió a varios individuos que son parte de una banda, todos con antecedentes penales, a quienes se les incautaron armas y municiones; y, no obstante, se les otorgó medidas sustitutivas.

“Esto es un hecho gravísimo que la Judicatura tiene conocimiento y que debe también desplegar su investigación interna a través de control disciplinario, para empezar a marcar un ejemplo con la sanción a los jueces que están tirando abajo la investigación policial”, insistió.

El gobernador anunció que, junto a la Policía, continuará pendiente y desplegando operativos en territorio para, articuladamente, trabajar con las autoridades, tanto judiciales como militares y policiales, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana.

“No hay un sustento legal para dar medidas sustitutivas. Eso es lo que sorprende”, subrayó Mendoza.

Se hace impostergable que la sociedad civil articule un órgano que supervise el desenvolvimiento de la Función Judicial. La participación ciudadana a través de sus colectivos, el periodismo y los propios abogados, deben promover una veeduría permanente que vele por la transparencia, evite el libertinaje y denuncie a los jueces y fiscales que se amparan en una supuesta independencia para torcer la administración de justicia.

En el 2019 se ventilaron varios casos en que algunos jueces y fiscales estuvieron involucrados en liberar ilegalmente a varios prontuariados. El martes 17 de noviembre del 2020 se reinstaló el juicio del caso ‘El Rodeo’, en el que la Fiscalía General del Estado (FGE) procesa como autores y coautores del delito de asociación ilícita y concusión a ocho procesados, ​​como integrantes de una supuesta “red de jurídicos”, que estaba conformada por cuatro funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), tres jueces de Garantías Penales y Penitenciarias con jurisdicción en Portoviejo, y un abogado en libre ejercicio.

* David Ramírez, periodista manabita residente en Estados Unidos, ejerce como editor de El Diario en Nueva York.