David Ramírez / 19-04-2021
Al cabo de cinco años, nada se hizo por redimir la infraestructura educativa destruida por el terremoto en la ciudad. Desde mi punto de vista, declarar en emergencia al sector educación y, mediante este recurso presionar al Gobierno para que disponga la urgente construcción de los edificios de las escuelas y colegios que lo perdieron todo, es la conclusión más relevante del Quinto Encuentro Virtual Manta 16-A, celebrado entre el 15 y el 17 de abril.
Durante las tres jornadas del evento, el grupo de profesionales que intervino como ponentes coincidió en que la negligencia de las autoridades, y no otra, ha sido la causa para la infame desatención al sector educativo que continúa operando en galpones y aulas modulares temporales que fueron habilitadas en los días de la emergencia y que no son funcionales para el proceso enseñanza-aprendizaje entre maestros y estudiantes a largo plazo.
El debate sobre la crisis de la educación también hizo un diagnóstico sobre los retos que encaran los educandos, padres de familia y docentes con el sistema virtual sustentado en la tecnología, al que han debido adaptarse por efectos de la pandemia.
En lo medular, las propuestas alcanzadas -que serán sistematizadas y remitidas al gobierno que presidirá Guillermo Lasso a partir del mes de mayo, con la esperanza de que se haga justicia a Manta- resultan lo más importante. Lo encomiable: la convocatoria de esta iniciativa que surgió del periodista Joselías Sánchez, valioso portavoz de la sociedad civil, que con su inquebrantable apego a la verdad histórica busca mantener viva en la memoria colectiva las lecciones del terremoto y a la vez promover el espíritu de resiliencia de los mantenses.
Si bien los expositores fueron propositivos en plantear alternativas para resolver la crisis, que no solo implica la infraestructura sino el drama humano, la inexistencia de acción alguna puso en evidencia la abrumadora indolencia y falta de voluntad política de la pasada y actual administración municipal, como del anterior y el vigente gobierno provincial. Nuestros líderes no supieron defender los intereses de Manta y Manabí, exigiendo que los fondos de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las zonas afectadas por el terremoto, fueran gestionados con transparencia, lo que escandalosamente no ocurrió y se los malgastó con el silencio cómplice de las referidas autoridades.
En contraste, el sector privado hizo todo lo contrario. Así lo confirma el ejemplo del Colegio Salesiano San José de Tarqui, cuyo edificio tuvo que ser demolido al tiempo que las autoridades del plantel se movilizaron. En poco más de dos años lograron que se construyera un moderno edificio y reactivaron sus actividades educativas. Punto.
Entonces, sí se puede; y, parafraseando al propio Joselías, “si el terremoto del 16A duró 48 segundos, el desastre que destrozó nuestra educación lleva ya cinco años”; y yo agrego: de ignominiosa desidia.
Al parecer, hoy tampoco nuestras autoridades quieren adquirir un compromiso con el futuro. Pese a la amplia convocatoria que se hizo para que tomen parte de este encuentro, fue notoria la ausencia de los líderes de los GAD cantonales y provincial de Manabí, como de los asambleístas electos. Pero esto no hizo desanimar al mentor del encuentro, a los ponentes ni a quienes respaldamos a Joselías en su cruzada contra los molinos de viento que, en este caso, no son enemigos imaginarios, sino actores de carne y hueso que deben asumir con responsabilidad cívica la función pública que les encomendamos.
Actualizado a las 10h55 del día martes 20 de abril del 2021.
REVISTA DE MANABÍ 