David Ramírez* / Nueva York / 26-05-2021
(Actualizado a las 08h27 del jueves 27 de mayo del 2021*.)
Que un concejal sea sentenciado a prisión por fiscalizar, constituye un exabrupto legal que, primero, coarta el derecho a la libertad de expresión consagrado a los ciudadanos y, segundo, penaliza la misión esencial de un edil, que es exigir transparencia en la gestión de los fondos públicos, de conformidad con las atribuciones que les confiere el Art. 58, literal D, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD.
La sentencia condenatoria contra el concejal, Juan Casanova García, fue emitida el 18 de mayo por el juez César Ponce Silva, de la Unidad Judicial Penal de Manta, luego de un proceso expedito iniciado tras la denuncia presentada por la abogada Iliana Jazmín Gutiérrez, en su calidad de procuradora síndica del GADM-Manta, a instancias del alcalde, Agustín Intriago.
El pasado 11 de marzo, el concejal publicó, en su página de Facebook, un video en el que observa que existen vicios en el proceso de contratación para la construcción de redondel en el área de acceso al aeropuerto, comentarios que –a criterio de sus acusadores– descreditan al Municipio de Manta.
“No he cometido delito alguno ni me van a intimidar. Vamos a agotar todas las instancias legales para demostrar mi inocencia”, aseguró vía telefónica a este periodista el concejal Casanova.
El contrato por un valor de USD$ 229.861,94 fue adjudicado al CONSORCIO LYS, representado por el Ing. Luis Gustavo García Jaramillo, el 5 de diciembre del 2019. Desde entonces, ha transcurrido casi un año y medio y, aun con los inconvenientes causados por la pandemia, el retraso de la obra no se justifica. Recién después de la denuncia del concejal, los trabajos se han retomado.
La imputación de que las declaraciones del edil habrían afectado la dignidad y el buen nombre de la entidad, resulta traída de los pelos si se toma como antecedente la Sentencia 283-13-JP/19 de la Corte Constitucional, en la que estableció: “Toda vez que el fundamento de la noción de derechos es la dignidad de las personas, es claro para esta Corte Constitucional que la titularidad de los derechos recae en los individuos o colectivos, mas no en el Estado y sus distintos órganos…”.
Antecedente de la Corte Constitucional
En otras palabras, la Corte Constitucional precisó en ese fallo, emitido el 4 de septiembre del 2019, que el Estado –en este caso el Municipio de Manta– no es sujeto de derechos ya que estos son derivados de la dignidad de las personas. Al margen de este dictamen que sienta un precedente sobre lo desacertado de la querella, lo de fondo es que hay un exceso y un abuso de poder en la resolución que condena al concejal y favorece al alcalde de Manta.
El Municipio de Manta en la acción tildó al edil de inescrupuloso, desatinado, ignorante, suelto de huesos, malicioso, pretencioso, mentiroso precario, entre otra retahíla de insultos para denostarlo y, aquí sí, agraviar claramente el derecho al buen nombre y la dignidad que tiene como persona. Por el contrario, el juez pasó por alto todo esto y en lugar de un veredicto ecuánime, sentenció de manera solícita al concejal Juan Casanova a quince días de prisión, multa de $ 3.000 y a ofrecer disculpas públicas; un fallo nefasto que debería ser observado por el Consejo de la Judicatura, que es el órgano de gobierno, administración y disciplinario de la Función Judicial.
Se busca frenar la fiscalización
En síntesis, cualquiera que analice el contenido del video podrá concluir que no existen razones de peso para haber montado la acusación contra el concejal Casanova García. Más bien, se advierte una velada intención de imponer una mordaza a todo intento de fiscalizar la gestión municipal, restringiendo el derecho de informar y observar a las autoridades.
“Lo que está pasando es un hecho sin precedentes. Esto significa que mañana cualquier ciudadano que no comparte criterios con el GAD de Manta va a ser denunciado. En qué tiempos vivimos”, señaló Casanova, al tiempo de anunciar que la apelación a la sentencia está en curso y que no se amedrentará.
Juan Casanova nació en Manta el 28 de septiembre de 1998; es de profesión psicólogo. Fue elegido cuando tenía 20 años de edad y, en consecuencia, considerado el más joven en ocupar esa función en la historia de la ciudad.
La mayoría obsecuente
Ante este escenario, sorprende sobremanera que el Municipio de Manta tenga una mayoría obsecuente de concejales que guarda un pernicioso pacto de silencio frente a este y otros casos donde se ha atacado a un concejal. Con excepción de los concejales Ledín Valencia, Bosco Vera y Verónica Calderón, el resto no mostró ningún espíritu de cuerpo o solidaridad con el concejal Casanova.
La tolerancia es el clima que debe propiciar el alcalde al interior del Municipio de Manta. Vilipendiar a los concejales y presumir un mejor “nivel” de capacidad no es lo más inteligente. Esta actitud solo creará hostilidad, lo cual no es compatible con el juego democrático y el rol fiscalizador que deben desempeñar los concejales. La minoría de oposición debe ser firme en seguir denunciando lo que considere no se está llevando con transparencia; y, finalmente –a tono con los enunciados del nuevo gobierno–, la justicia no debe ser una herramienta para perseguir a quienes piensen diferente, ni para intimidar a los que combaten la corrupción.
- Se agregó el nombre de Bosco Vera entre los concejales que han sido solidarios con Casanova.
* David Ramírez es periodista manabita que reside en la ciudad de Nueva York. Ocasionalmente contribuye con información y opiniones suyas para REVISTA DE MANABÍ.
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