El colorido asambleísta ha pretendido, en menos de dos semanas, fiscalizar y concluir sentenciando que el contrato de delegación no tiene irregularidades.
Por David Ramírez * Twitter: davidramirezPO
De entrada, resultó extraño que el asambleísta Ricardo Vanegas, por Pachakutik, que representa a la provincia del Guayas, apareciera en Manta con ínfulas de “fiscalizar” el proceso de delegación del Puerto de Manta.
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En su intervención en la Cámara de Comercio, el pasado 14 de abril, lo primero que hizo fue asegurarse en aclarar que, la investigación que estaba iniciando, la haría él sólo y que no quería la participación de asambleístas manabitas…
Vanegas –en cuya hoja de vida consta que fue funcionario de la Autoridad Portuaria de Guayaquil– no se fue de Manta sin antes reunirse en un almuerzo privado con los ejecutivos de TPM. La justificación fue que, puesto que se trataba de una indagación, era necesario escuchar a las dos partes.
El asambleísta en cuestión –cuya actuación en la Asamblea Nacional se ha vuelto notoria por su apego a defender al régimen y por lo cual tildado como «infiltrado» y “oportunista” al interior del bloque de Pachakutik– resulta que, de forma muy oficiosa, convocó este jueves 27 a una sesión en Quito para tratar el tema de las denuncias sobre la delegación del Puerto de Manta. Cuando los denunciantes advirtieron la trama que se venía, no se prestaron al sainete que se estaba montando.
En la reunión en Quito, el solícito asambleísta Vanegas reunió a toda la plana ejecutiva de Terminales Portuarios Manta (TPM), al gerente y la presidenta de Autoridad Portuaria de Manta (APM), Rigoberto Carvallo y Jessika Guadamud, respectivamente; al director ejecutivo de la Junta Cívica, Miguel Ángel Castro; a representantes de la Cámara Empresarial de Manta (CAEM) y al procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea Valencia, todos identificados como defensores de la delegación o con estrechos nexos con la empresa delegataria TPM, como demuestro a continuación.
El presidente de TPM, Roberto Salazar, hábilmente se ha involucrado con organizaciones emblemáticas de Manta, para desde allí impulsar y defender la agenda de su empresa. Es parte del directorio de la Junta Cívica –tiene nexo familiar con Miguel Ángel Castro–; integra la CAEM, de la que es vicepresidente Rigoberto Carvallo, el gerente de APM y también miembro de la Cámara Ecuatoriano-Americana (AMCHAM), capítulo de Manta.
El procurador Larrea Valencia es socio de LCB, la firma guayaquileña de abogados cuyas iniciales corresponden a los socios principales: Larrea, Juan Javier Canessa y Roberto Barriga, éste último, el abogado principal de TPM.
Es gravísimo, por decir lo menos, que Larrea, hoy como abogado del Estado, haya resuelto que no hay ninguna irregularidad en el proceso de delegación, cuando existe un informe de la Contraloría General del Estado, que establece lo contrario.
Como se advierte, hay un andamiaje a todo nivel para allanar el camino para que TPM mantenga el control del puerto de Manta y de lo cual, con seguridad, el asambleísta Vanegas estaba debidamente inteligenciado cuando se le ocurrió “defender” a los mantenses. Sin duda alguna, los funcionarios y actores citados aquí están en connivencia, lo que evidentemente representa un conflicto de interés al momento de decidir sobre el destino del puerto y en sí el futuro de Manta.
Esto sucede en medio del convulso escenario político por el que atraviesa el país, y más precisamente cuando el ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, en esta misma semana anunciara que las negociaciones de revisión del contrato de delegación del puerto están avanzando, según declaró, enfocadas en determinar los mejores beneficios para Manta, Manabí y Ecuador.
Si bien las alianzas público privadas constituyen una fórmula de impulsar grandes proyectos en los que el Estado no tiene capacidad o quiere estimular la inversión privada, los procesos deben ser llevados con transparencia y principalmente que beneficien con equidad al país.
Desafortunadamente, esto no se cumple en el caso de la delegación del Puerto de Manta, donde el privado no solo ha incumplido los términos del contrato, sino que flagrantemente se lleva la mejor parte y está afectando a la economía de otros sectores conexos a la actividad portuaria.
Los manabitas no somos cretinos señor asambleísta. Usted se equivocó.
* David Ramírez, periodista ecuatoriano de vasta y reconocida trayectoria, opina ocasionalmente para los lectores de REVISTA DE MANABÍ.
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