Rechaza que se acuse a la Judicatura de pretender quebrar la independencia judicial

Presidenta del Consejo de la Judicatura del Ecuador, María del Carmen Maldonado Sánchez. FOTO descargada de Google

Un nuevo alboroto social, entre individuos de ciertas élites ecuatorianas acostumbradas a polemizar en torno a los manejos de la gobernanza pública, hizo reaccionar hoy (miércoles 28 de abril del 2021) a la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, María del Carmen Maldonado Sánchez.

La polémica, esta vez, es motivada por la reciente remoción de Fausto Romero Murillo Fierro de su cargo de vocal del Consejo de la Judicatura, acción solicitada por el Ministerio de Trabajo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

El Ministerio alegó que Murillo tiene impedimento constitucional para ejercer una función pública de periodo fijo, por cuanto antes había dejado su puesto en la Función Judicial, cobrando 30 mil dólares por su retiro. Ante esto, según el Ministerio, Murillo solo podía volver a la función pública para un cargo de libre remoción, pero no para uno de periodo fijo; salvo que devolviera el dinero que recibió por dejar la Función Judicial.

En virtud de tal impedimento, y del pedido del Ministerio de Trabajo, el Consejo de Participación Ciudadana (órgano estatal que lleva los procesos de elección de altas autoridades oficiales) resolvió, por mayoría, remover a Murillo de la vocalía que ocupaba en el Consejo de la Judicatura.

Esto ha sido considerado, por algunos polemistas, como un intento disfrazado para cambiar la correlación de fuerzas dentro de la Corte Nacional de Justicia y así diluir algunos procesos judiciales en contra de exfuncionarios públicos acusados de actos de corrupción e, inclusive, echar abajo algunas sentencias condenatorias dictadas durante el periodo gubernamental que termina el próximo 24 de mayo.

Y como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social notificó oficialmente hoy al Consejo de la Judicatura, mediante la resolución No. CPCCS-PLE-SG-036-E-2021-517 de 23 de abril de 2021, la remoción del vocal Murillo; a través de un Comunicado público, entregado este día a los medios de comunicación masiva, la presidenta de la Judicatura escribió lo siguiente:

“En este contexto y ante los hechos suscitados en los últimos días, reitero mi respeto absoluto a la institucionalidad y rechazo enfáticamente toda afirmación que pretenda equivocadamente superponer el servicio de justicia a cargo del  órgano de gobierno de la Función Judicial sobre la administración de justicia a cargo de las y los jueces, cuya independencia se encuentra precautelada a través del tercer eje de acción según el Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025.

“Desde el inicio de nuestra gestión, hemos trabajado incansablemente por respetar la Constitución y la ley; reinstitucionalizar la Función Judicial; luchar contra la corrupción, defender la independencia judicial; y, trabajar coordinadamente con todos los órganos de la Función.  Por lo tanto, no existe ninguna razón para afirmar que la remoción de uno de los vocales del Consejo de la Judicatura signifique, de forma alguna, un riesgo para los casos que han sido juzgados o que se encuentran en trámite en la Corte Nacional de Justicia o cualquier otro órgano jurisdiccional.

“En la misma línea, conforme la Norma Suprema, el Consejo de la Judicatura no puede interferir en el proceso de elección del presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien, por mandato constitucional, fue elegido por votación de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia en Pleno, para un periodo de tres años; por tal razón, rechazo cualquier afirmación en contrario que pretenda confundir al país y causar inestabilidad en el sistema de justicia.

“Con total transparencia, como Presidenta del Consejo de la Judicatura reitero mi compromiso de respeto, por el cual garantizo que la remoción de uno de sus vocales NO representa un riesgo para la administración de justicia, ni para la estabilidad de ningún órgano o autoridad de la Función Judicial, pues debe prevalecer el ordenamiento jurídico que rige un Estado democrático” (sic).


FUENTE: Consejo Nacional de la Judicatura del Ecuador (Quito), mediante comunicado con firma de su presidenta, Dra. María del Carmen Maldonado Sánchez, y remitido a REVISTA DE MANABÍ a través de la Dirección Nacional de Comunicación de aquel Consejo.