En el marco del debate generado en los últimos días, sobre la importancia de realizar cambios en la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura (CJ) del Ecuador estima necesario recordar que, en el 2020, este organismo público presentó a la Corte Constitucional (CC) tres acciones constitucionales que tienen relación con el mejoramiento del servicio de justicia, pero que todavía no han sido tratadas.

Frente a esto, la presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, y los vocales Juan José Morillo, Fausto Murillo Fierro; y el director general, Santiago Peñaherrera Navas, acudieron este 27 de enero del 2022 a la CC para solicitar que resuelva esos planteamientos.

Hemos trabajado en propuestas claras y concretas para el mejoramiento del servicio de justicia. Solicitamos a la Corte Constitucional que dé celeridad a estas acciones cuyo fin es fortalecer y optimizar la gestión del Consejo de la Judicatura”, dijo Maldonado.

El primer pedido se relaciona con la Acción de inconstitucionalidad de actos normativos N° 14-20-IN,  presentada el 28 de febrero del 2020 y admitida a trámite el 25 de junio de ese mismo año, en la que se solicitó a la CC pronunciarse sobre la incompatibilidad existente entre el art. 300 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y el art. 200 de la Constitución.

El objetivo es que se cumpla la disposición constitucional que señala que los notarios serán nombrados por el CJ, previo concurso público, como requisito para una posible reelección después de haber concluido su período de seis años.

En el segundo caso, el CJ solicita que se resuelva la Acción N° 16-20-AN por incumplimiento del artículo 14 del COFJ, el cual establece que la Función Judicial goza de autonomía económica, financiera y administrativa. La acción, presentada el 2 de junio del 2020 y admitida a trámite el 25 de junio de ese año, se refiere a la obligación del Gobierno (Ministerio de Finanzas), de entregar los recursos suficientes para cubrir las necesidades del servicio judicial.

En esta demanda, el CJ recalca que, desde el 2019, la mencionada Cartera de Estado ejecutó continuos recortes presupuestarios que impiden a la Función Judicial cumplir con su misión de garantizar el pleno acceso a la justicia de las ciudadanas y los ciudadanos.

En tercer lugar, el CJ solicita que se resuelva la Acción de interpretación constitucional N° 1-20-IC, presentada el 25 de junio del 2020 y admitida a trámite el 3 de septiembre de ese año, sobre el alcance de los artículos 168 y 286 de la Constitución.

El objetivo es que la CC interprete esas normas, relacionadas con el ingreso de los valores provenientes de los servicios judiciales al Presupuesto General del Estado. En aplicación de los mencionados artículos, lo que correspondería es que esos recursos se asignen directamente al presupuesto del CJ, adicional al presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional. «Lo que solicitamos es que los valores provenientes de los servicios judiciales retornen al CJ. Solo en el sistema notarial generamos cerca de 70 millones de dólares», señaló el vocal Morillo.

Por su parte, Santiago Peñaherrera Navas denunció que a través de una acción de inconstitucionalidad, presentada en la CC, se pretende dejar sin efecto las reformas al COFJ y los actos normativos del CJ que permitieron crear la Unidad Judicial y el Tribunal de Garantías Penales Especializados para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con la Corrupción y Crimen Organizado.

Es importante que no se dé paso a esta acción de inconstitucionalidad, contra algo que es para beneficio de toda la sociedad”, subrayó Peñaherrera.

FUENTE: Consejo de la Judicatura (Quito, Ecuador), mediante boletín fechado el 27 de enero del 2022 y enviado con fotos por la Dirección Nacional de Comunicación Social de dicho Consejo.

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